En Colombia, la grave situación de violación de derechos humanos producida por la violencia generalizada, de la cual son víctimas la población civil, la fuerza pública y los líderes políticos y sociales, por cuenta del accionar delincuencial de grupos armados insurgentes, es una crisis que se sigue viviendo hoy en día, debido al conflicto armado interno.
Son deberes del Estado, la protección eficaz de los derechos y libertades de todos los ciudadanos colombianos, y también, la precaución y prevención de las acciones de los grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden democrático. Son millones de personas en Colombia víctimas de desplazamientos, desapariciones forzadas, secuestros, lesiones personales, homicidios y reclutamiento ilegal, entre otros lamentables hechos. El artículo 90 de la Constitución Nacional de Colombia establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados, a partir de la omisión de su actuar, por el incumplimiento al deber de garantía, por la inactividad de las autoridades públicas, constituyendo lo que se denomina falla en el servicio.
Todas las víctimas tienen derecho a ser reparadas y compensadas por los daños sufridos en medio del conflicto armado, por lo cual, se recomienda solicitar el asesoramiento de una experta en derecho público, como la abogada especializada en derecho de víctimas de la violencia en Bogotá Andrea del River Parra Quintero.
Andrea del River Parra Quintero y su asesoramiento a víctimas de la violencia
La reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone una indemnización plena por parte del Estado de todos los daños y perjuicios sufridos por las acciones de los grupos armados al margen de la ley contra los cuales no hallaron la protección efectiva del Estado, que de haber actuado en cumplimiento de su deber, hubiera podido evitar lamentables situaciones. Dichos perjuicios son de orden material (daño emergente y lucro cesante) o inmaterial (perjuicios morales), y daños en la salud, los cuales deben ser resarcidos.
Es de vital importancia que las víctimas acudan lo más pronto posible a la justicia a exponer su caso, pues suele ocurrir que por el paso del tiempo, pierden la oportunidad de demandar ante la jurisdicción administrativa para recibir su reparación económica por el fenómeno jurídico de la caducidad de las acciones, ya que dejan pasar demasiado tiempo desde que ocurrieron los hechos de los que fueron víctimas.
Por lo tanto, quienes busquen una reparación integral, pueden iniciar su asesoramiento con Andrea del River Parra Quintero, una abogada especialista en derecho público, que se encargará de ofrecer una atención personalizada y comprensiva acerca de las vías legales para la reparación integral de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado.
Con más de 13 años de experiencia en el ámbito del derecho público, Andrea del River Parra Quintero conoce todos los procesos administrativos y judiciales para hacer efectiva la reparación a favor de las víctimas de la violencia.